El Derecho a la Vivienda y la nueva Constitución

Compártelo en tus redes

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

¿Qué dice la Constitución de 1980 sobre el derecho a la vivienda? Nada. No dice nada y esa omisión es uno de los aspectos más inexplicables de la Constitución que nos rige, y que con urgencia debemos subsanar en la Nueva Constitución. El acceso a una vivienda digna y adecuada es uno de los pilares centrales del bienestar humano, porque la vivienda representa un espacio seguro y privado, un techo que da cobijo y refugio a un individuo o familia. Pero la vivienda es más que eso, porque determina las posibilidades de acceso a servicios públicos importantes para el desarrollo del ser humano, como escuelas, centros de salud, parques, centros deportivos, etc. Que muchas personas en el país se vean forzadas a vivir en la casa de un pariente o un amigo, o incluso en un campamento, es un problema de política pública muy importante que tenemos que resolver en el corto plazo.

Al igual que el resto del país, la Región del Maule presenta importantes desafíos en este ámbito. De acuerdo con los datos del Censo de 2017, la región requiere alrededor de 20.000 viviendas nuevas y las necesita por varias razones: muchas familias viven actualmente en viviendas “irrecuperables”, es decir, la calidad de la vivienda es tan insuficiente que se necesitan una nueva. Lamentablemente, ésa es una realidad en varias de las zonas rurales de la región. También hay miles de familias que, en las diversas comunas del Maule, viven como allegados, es decir, que viven en la casa de parientes o amigos y que necesitan un espacio propio. A lo anterior se suman los problemas de hacinamiento y el número no menor de familias que viven en campamentos en la región. Todos estos desafíos son urgentes y resolverlos exigen un compromiso cierto con el bienestar de las maulinas y los maulinos.

La nueva Constitución es una oportunidad para hacerse cargo de esta problemática y de otras que presenta el texto constitucional actual en el reconocimiento de los así llamados “derechos sociales”. Estos son derechos que obligan al Estado a implementar políticas públicas que garanticen que todos las ciudadanas y ciudadanos del país tendrán cubiertas sus necesidades más básicas en condiciones razonables de igualdad. Entre esas necesidades básicas está el acceso a una vivienda y la redacción de la nueva Constitución tendrá la tarea de reconocer explícitamente que todos los habitantes de la república tienen derecho a habitar un espacio digno y adecuado, que cumpla con estándares de calidad.

Es así como setenta y dos constituciones en el mundo reconocen el derecho a la vivienda de sus ciudadanos y ciudadanas. La nueva Constitución Chilena no puede quedarse fuera de esa lista.

El derecho internacional de los derechos humanos ha elaborado distintos aspectos que se consideran parte del contenido del derecho a la vivienda, y que debieran orientar a la Convención Constitucional a la hora de definir el reconocimiento de ese derecho en la nueva Constitución. Las siguientes obligaciones para el Estado deberían estar incluidas: seguridad de la tenencia y protección frente al desalojo forzoso; acceso a servicios básicos; cumplimiento de estándares mínimos de calidad; atención a las necesidades especiales que ciertos grupos puedan tener a la hora de acceder a una vivienda; especial preocupación porque la ubicación de la vivienda permita acceder a servicios públicos de calidad, y respeto por la identidad cultural de las personas que acceden a la vivienda.

Chile tiene una larga tradición de implementación de políticas habitacionales, pero esas políticas se están volviendo insuficientes a la hora de resolver los problemas de la vivienda del Chile del siglo XXI. La reducción del déficit habitacional, por ejemplo, se ha estancado en los últimos años. El número de campamentos ha aumentado dramáticamente en la última década. Cientos de miles de familias viven en barrios desprotegidos, aislados de fuentes de empleo, con poca o nula presencia de áreas verdes, donde las escuelas y los centros de salud son de baja calidad o se encuentran muy lejos.

La Nueva Constitución es nuestra oportunidad para volver a pensar en estos problemas a partir del reconocimiento del derecho a la vivienda. La dignidad con la que viven los ciudadanos y ciudadanas de un país comienza desde la casa. Desde ese lugar habitamos el mundo y nos desarrollamos como personas. El Estado Chileno tiene que garantizar que todos habitemos bajo un techo seguro y de calidad. Reconocer el derecho a la vivienda es un primer paso hacia la construcción de un país más digno.