Tratando de entender lo que está sucediendo en el mundo, en Latinoamérica y en Chile, conversábamos con un querido amigo y maestro colombiano –que lleva décadas trabajando por una región más justa y sostenible—, él me decía que la democracia es una forma de entender el mundo y que, bajo esa premisa, el Estado debe ser capaz de crear condiciones estables de dignidad para la vida de todas las personas.
En este sentido, la democracia no sólo es una forma de distribuir el poder o una herramienta para mantener el orden de las cosas, tampoco es estática, por el contrario, es un proceso en constante evolución. Por eso, su construcción (o deterioro) depende de cómo le damos vida cada día.
Debemos avanzar de forma constante en resignificar y apropiarnos del concepto de democracia, transformando el ambiente de polarización, corrupción, abusos e impunidad reinante en una interacción social basada en el diálogo, la legitimidad, la confianza y la justicia. Y es precisamente por esto, que el modelo democrático no es replicable o trasplantable de un país a otro, porque cada sociedad –respetando siempre la dignidad humana— debe ir construyendo día a día su versión democrática.
Hace un año fue la democracia chilena la que, a través de la ciudadanía movilizada y sus representantes electos, permitió comenzar a canalizar por la vía institucional el conflicto social más grave que hemos tenido desde la dictadura, con el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. Hace algunas semanas, nuevamente, fue nuestra democracia la que, a través del voto, nos abrió la puerta del proceso constituyente y la oportunidad de escribir de forma paritaria una nueva Constitución.
Y es precisamente la democracia, mediante las siguientes etapas del proceso constituyente, la que nos entrega la oportunidad de lograr una convergencia de intereses mínimos, que nos permita establecer las bases para comenzar a realizar las transformaciones sociales que requiere una sociedad que debe aspirar a una mayor justicia social.
Entonces, qué rol juega el Estado en esta construcción democrática.
En una democracia sana y activa es el Estado el que debe ejecutar un rol protagónico, como garante de derechos y proveedor de condiciones de vida para todas las personas. Entre otras tareas, el Estado debe tener como objetivo esencial entregar educación, salud, pensiones dignas y seguridad, resguardando y respetando siempre los derechos humanos.
El Estado debe garantizar los medios necesarios que le permita a la población subsistir de forma digna (no sólo sobrevivir) y tener la tranquilidad para poder desarrollarse. Por ejemplo, no nos puede parecer normal que la crisis social más importante que ha vivido el mundo en las últimas décadas, en nuestro país termine siendo financiada individualmente por las personas a través de sus ahorros previsionales sin un rol más protagónico y efectivo por parte del Estado.
En el mismo sentido, en cuanto al orden y la seguridad, el Estado debe garantizarlos, pero también debe rendir cuenta a la ciudadanía de la forma en que lo hace. Por más de ocho meses se ha mantenido el estado de excepción constitucional y el toque de queda en todo el territorio nacional, sin distinguir entre las diversas localidades, sin que el Gobierno nos explique cuáles son los objetivos de las medidas que se adoptan y si estas funcionan, cuántos recursos se han gastado y hasta cuándo piensan mantener esta situación.
Respecto a la salud, sucede algo similar, el Estado debe garantizar un sistema que nos permita hacer frente a problemas de salud que pueden afectar a toda la población, como el COVID, pero también otras enfermedades como el cáncer, la hipertensión, la obesidad o la diabetes, disponibilizando médicos especialistas para todos los territorios, no sólo en las capitales regionales, y de esta forma garantizar el acceso a una salud digna.
En la misma línea, debe ser el Estado el que mejore nuestra calidad de vida a través de la conexión con otros. Entendiendo como conectividad los caminos, el agua potable y la electricidad, pero también disponer de una buena señal de celular y de acceso a internet. No puede ser que la ciudadanía tenga que construir sus propios puentes o tenga que desplazarse largas distancias para contar con acceso a la señal que le permita comunicarse.
Una nueva Constitución es la oportunidad de abrir el diálogo y reforzar nuestro sistema democrático, redefinir un rol más protagónico del Estado y sus responsabilidades, estableciendo derechos como garantías mínimas para todas las personas.
El orden democrático en que vivimos y el rol que ejerce el Estado son los que como sociedad decidimos darnos, ya sea por la apatía y la resignación o por la participación y el empoderamiento ciudadano. Mi amigo colombiano tenía razón, tenemos que entender la democracia como una forma de ver el mundo, como proyecto social que construimos en conjunto todos los días y al Estado como el actor principal para crear condiciones estables de dignidad para todas las personas. Esa es nuestra esperanza y debe ser nuestro compromiso.
