Una de las principales demandas de las manifestaciones que comenzaron en octubre del año pasado se vincula al concepto de dignidad. Principalmente, porque emergió con fuerza el deseo de una sociedad más justa e igualitaria, con respeto para todas las personas sin diferenciar su origen o nivel de ingreso y, principalmente, porque queremos convivir en un país sin abusos y donde todas las miradas sean respetadas.
En ese contexto las críticas hacia la élite y los más poderosos de nuestra sociedad fueron creciendo y acumulándose de la mano de mediáticos casos de colusiones, corrupción e impunidad. Ese principio consagrado en la Constitución vigente que garantiza la igualdad ante la ley comenzó a perder sentido y generó la inexorable necesidad de reclamar igualdad y exigir al Estado que juegue un rol más protagónico, para garantizar ese y otros derechos como la educación, la salud, las pensiones, el acceso al agua y en el resguardo de los derechos humanos.
Rápidamente, el reclamo se volvió colectivo y generalizado, haciéndose evidente que para exigir el cumplimiento de esos derechos debíamos hacernos parte del proceso y –casi sin darnos cuenta— comenzamos a organizarnos y a discutir sobre cómo distribuir mejor el poder del Estado o qué régimen es el más adecuado para un nuevo Chile. Por ejemplo, ¿cómo se relacionan los distintos poderes del Estado?, ¿deberíamos mantener el presidencialismo reforzado actual?, ¿moderarlo?, ¿pasar a un semipresidencialismo o cambiar las bases de nuestro modelo de gobierno y pasar a un parlamentarismo?
La forma de gobierno que queremos sin lugar a duda es importante, sin embargo, hay un tema de redistribución del poder que deberá ser discutido durante el debate constitucional y pareciera que no le hemos puesto la suficiente atención: cómo distribuir el poder territorialmente y terminar con el centralismo que concentra Santiago y, en muchos casos, las capitales regionales. Chile sigue siendo un país mucho más grande que su capital y, sin embargo, el poder se ejerce de forma unilateral y vertical, desatendiendo la realidad de las regiones y comunas. Son los diversos territorios los que realmente representan la diversidad cultural y social que enriquecen nuestro país y que deben ser la base de un desarrollo mas sostenible.
Un ejemplo evidente de la ausencia de este debate y la carencia de información es el caso de la primera elección democrática de los Gobernadores Regionales. ¿Sabía usted qué el próximo domingo 29 de noviembre volveremos a las urnas? Ese día elegiremos en primarias legales a los candidatos a Gobernadores Regionales que queremos que nos representen en las elecciones del 11 de abril del 2021 en el Maule y en el resto del país. Ese proceso también requiere de vocales de mesa y apoderados. Le invito a revisar si fue seleccionado y si su local de votación sigue siendo el mismo. Puede hacerlo en el sitio web https://consulta.servel.cl/, que el Servicio Electoral habilitó, para eso basta con ingresar su rut.
Sin lugar a duda, la primaria y la posterior elección de Gobernadores Regionales es uno de los hitos más importante en materia de descentralización de los últimos años, pero el desafió no termina con la votación. La distribución de poder debe ir más allá. Por ejemplo, el poder centralizado de la región del Maule debe ser distribuido, para que se haga efectivo y real en el Maule Sur. ¿Cómo hacemos para que ese poder se extienda a los territorios de cada una de las provincias y comunas de esta y otras regiones del país? Necesitamos que exista un diálogo más equilibrado y permanente entre el Estado y la ciudadanía y que sean los territorios los que alberguen esos espacios de debate y priorización.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo señala claramente cuando hace referencia a la seguridad humana, es el Estado el que debe garantizar la protección necesaria para la ciudadanía, pero, a la vez, debe empoderarla y entregarle las herramientas que le permitan desarrollarse en armonía.
Según el PNUD, por protección, entendemos aquellas estrategias establecidas por diversos organismos, pero principalmente el Estado, para resguardar a las personas de las amenazas. A su vez, entendemos por empoderamiento aquellas estrategias que habilitan a las personas para sobreponerse a las situaciones difíciles, estableciendo medidas que permitan desarrollar las capacidades en las personas y en las comunidades para que sean artífices de su propio destino. Esta es la única forma de construir un desarrollo justo, igualitario y sostenible
Y es que ser artífices de nuestro propio destino es nuestro derecho y nuestra tarea, porque un ciclo virtuoso de protección y empoderamiento, que reconozca el rol central del Estado y a la vez respete e incentive el empoderamiento que desde los territorios organizados debe impulsar la ciudadanía es la única forma de lograr construir juntos un destino más justo para todas y todos.
