Hace algunos años soñábamos con cambiar la Constitución, luego soñamos con la posibilidad de ser nosotros quiénes la escribiéramos. Hace no tanto tiempo comenzamos a soñar con ponernos de acuerdo y hoy podemos soñar con una Constitución que establezca los cimientos para construir una sociedad con mayor justicia social. Un Constitución democrática que considere como elemento esencial en su elaboración la participación, tanto en materia de equidad, pueblos originarios y personas en situación de discapacidad, como una permanente participación ciudadana, en todas las etapas del proceso, que contemple procedimientos transparentes y rendición de cuentas.
Soñamos una Constitución que le entregue un rol protagónico al Estado, particularmente respecto de los derechos sociales; una Constitución que distribuya de forma equilibrada el poder, considerando particularmente a las regiones; una Constitución verde, que proteja el medioambiente y resguarde el agua.
Para nosotros, los que creemos en una sociedad más igualitaria, una nueva Constitución debe proteger con fuerza los derechos sociales.
Los derechos sociales son garantías de ciertos umbrales mínimos de bienestar social que el Estado debe asegurar a todos las ciudadanas y los ciudadanos, como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, etc. Hay varios problemas en la forma en que la Constitución de 1980 reconoció los derechos sociales. El primero es que hay algunos derechos esenciales que no están en el texto constitucional vigente y que deberían ser incluidos, como el derecho a la vivienda. El segundo problema es que junto con reconocer algunos derechos sociales, la Constitución de 1980 puso énfasis en la protección de la participación de actores privados en la satisfacción de los derechos. Eso ha dificultado un rol activo y más protagónico del Estado en satisfacerlos y, a la vez, en regular a los actores privados que proveen servicios públicos; lo que también debe ser corregido en una nueva Constitución.
Respecto a los esfuerzos por la regionalización, este proceso no puede dejarse a voluntad del gobierno de turno. Luego de décadas de discusión parlamentaria, recién este año se realizará la elección de gobernadores regionales, previa modificación constitucional, dado que la Constitución vigente es altamente centralista. Este hito permitirá que las autoridades regionales sean elegidas democráticamente, dotando el origen de dicha autoridad de legitimidad, en oposición a autoridades elegidas por el gobierno de turno para liderar las regiones. Sin embargo, ¿es suficiente? Creemos que no, y que el actual proceso constituyente debe avanzar de manera valiente en cambiar el modelo de un Estado Central que sólo profundiza las desigualdades con los territorios, más si son distantes de la capital nacional o la respectiva capital regional, como es el caso del Maule Sur.
Los derechos sociales que se consagren en esta nueva Constitución deben poder ser exigibles para todo habitante de nuestro país, independiente de la zona donde viva. Debe entregarse el máximo de potestades y funciones administrativas al Gobierno Regional, incluyendo una hacienda regional que permita el diseño y la posibilidad de implementación de políticas públicas pensadas desde la región, junto con potestades normativas al Consejo Regional. Lo anterior debe llevarse adelante con respeto a un principio de solidaridad interregional que permita compensación financiera entre regiones, asegurando el principio de que todo habitante en Chile pueda vivir dignamente.
Respecto al medio ambiente, debemos construir una Constitución verde, que resguarde el lugar donde vivimos, para nosotros y las generaciones que vendrán. En este sentido, uno de los principales problemas es el cambio climático y uno de sus efectos más complejo se vincula con el agua. Durante los últimos años se han agudizado prolongadas y repetidas sequías, las que han evidenciado con fuerza la demanda por una distribución más justa y un mayor cuidado del agua. Para resolver aquello, en primer lugar, la nueva Constitución debe establecer con claridad que las aguas son un bien nacional de uso público. En segundo lugar, que el Estado deberá promover y velar por un uso, administración y tratamiento eficiente del agua, tomando en consideración especialmente las diferentes realidades y situaciones regionales al momento de cumplir con este objetivo.
Por otro lado, si bien la regulación del uso y aprovechamiento por parte de particulares del agua deberá ser entregada a la ley, la nueva Constitución deberá establecer al menos dos principios orientadores y limitadores al legislador. En primer lugar, la prioridad del consumo humano. Esta prioridad será asegurada a través del establecimiento de un derecho individual garantizado al agua, para uso personal y doméstico. En segundo lugar, la nueva Constitución debe garantizar la sustentabilidad de la interacción humana con cuencas y ecosistemas, con el objeto no sólo de asegurar su integridad y conservación, sino también para propender a su restauración cuando corresponda. En efecto, este último punto es una de las demandas más sentidas de los habitantes de las Provincias de Linares y Cauquenes, según los resultados de los encuentros constitucionales auto convocados realizados durante el gobierno de la Presidenta Bachelet.
Éste y otros temas deben ser considerados en una nueva Constitución y si trabajamos juntos, sin descanso y de forma consecuente podemos transformar la Constitución que soñamos en una realidad, podemos escribir los cimientos que construyan una sociedad con mayor justicia social y podemos seguir soñando con un mejor país para todas y todos.
