Soy Ricardo Montero Allende y saludo al Pleno de la Convención y a los pueblos de Chile con alegría y esperanza.
Represento al Maule Sur: desde la cordillera a Colbún, Linares, Longaví y Parral; bajando al valle, a Yerbas Buenas, Villa Alegre, San Javier, Retiro y Cauquenes; llegando al mar a Pelluhue y Chanco.
Represento a un Chile que sufre doblemente el centralismo que viene, primero, desde Santiago y, luego, desde las capitales regionales. Represento a un Chile rural, que da vida a nuestras tradiciones campesinas, pero que también enfrenta desafíos propios de la modernidad, como el uso de tóxicos pesticidas, la privatización de las semillas, el secuestro de nuestras aguas o el descontrolado poder de las grandes corporaciones.
Un territorio que reivindicamos por su paisaje, sus cultivos o su patrimonio, pero que no encuentra respuesta a sus necesidades en un Estado que lo mira de lejos. Y represento también, como socialista, una historia que debemos a nuestros torturados, muertos y desaparecidos, porque hoy están aquí, más presentes que nunca, y porque su lucha democrática no fue ni será en vano.
Quienes estamos aquí compartimos una misión que nos honra y nos excede.
Debemos responder a quienes, con su movilización, demostraron que era posible abrir las grandes alamedas y mirar el futuro con optimismo. A quienes nos han dado un voto de confianza en medio de una profunda crisis de legitimidad. A quienes nos han dado la oportunidad, tal vez única, de responder al descontento con las armas de la paz: con democracia, participación y diálogo.
Y en este mismo Chile donde se ha sembrado el neoliberalismo, debemos proponer las bases de una sociedad diferente. Esta es la magnitud de nuestra tarea. Porque una Constitución debe responder a las demandas de su tiempo. Pero también debe adelantarse a problemas que recién se vislumbran y que llegarán a ser determinantes para nuestra sociedad. Por eso debemos construir el presente, pero de cara al futuro y a las generaciones por venir. Poblamos un mundo que padece una grave emergencia climática y ecológica, que sufre una pandemia sin fronteras y que enfrenta los flujos migratorios más intensos de la historia.
Somos parte de una sociedad amplia, diversa, compleja, donde lo local es tan relevante como lo global; donde la identidad se construye a partir de múltiples pertenencias. Justamente por ello, una Constitución sometida a la idea de un Estado-nación en un sentido tradicional – si alguna vez lo fue – no es ya suficiente. Por primera vez, caminamos hacia una constitución hecha de muchas voces y acentos; hacia la construcción de un Estado que respete y proteja, en justicia y equidad, a múltiples pueblos.
Esta idea de la diversidad que nos define como país, debe ser el marco político-ético que nos impulse a encontrar acuerdos en la fase constituyente que estamos iniciando: ningún constituyente, ningún grupo o colectivo es más importante que la multiplicidad de miradas y vivencias que en este foro debemos representar y reflejar entre todos. Asimismo, la nueva constitución debe ser espejo de la necesidad de cambio democrático que ha manifestado rotundamente nuestra sociedad.
Este no es un lugar para quienes creen que una constitución es un botín para unos pocos, como la que hoy nos rige. Tampoco es el espacio para quienes quieren mantener las cosas como están. Este debe ser un lugar de encuentro, de construcción amplia y profunda, de fraternidad y de reivindicación de la democracia, la transformación social y la construcción en paz.
Queremos construir un poder más eficaz, más capaz de resolver las demandas de la gran mayoría de chilenos, pero también un poder más democrático. Queremos una constitución que no busque abordarlo todo, pero que contenga todas las definiciones imprescindibles que nuestra República requerirá. Una constitución que no sólo sea un soporte jurídico, sino la base política y social sobre la cual cimentar nuestro devenir como pueblos; una constitución que nos respete a todas y todos. Una constitución en la que podamos confiar.
Compañeras y compañeros constituyentes: hoy tenemos la oportunidad de elegir la historia que queremos construir. Tomémosla. Tomemos la oportunidad de redactar, palabra por palabra, una historia más justa. Una historia en la que las grandes mayorías no sean, como hasta aquí, testigos o víctimas, sino protagonistas, artífices.
La oportunidad en la que consagremos el derecho de darnos el destino y las normas que decidamos, que no es otra cosa que el derecho de vivir en paz.
Tabla de contenidos

¿Qué es una Constitución?
Una Constitución contiene los pilares básicos de un sistema político. Sin una buena Constitución, el sistema político y social de un país no puede funcionar bien, ni responder adecuadamente a las necesidades de la población y resolver pacíficamente los conflictos que normalmente ocurren en una comunidad política. Es así como sin una buena Constitución, un país no puede enfrentar de buena forma una crisis social y política como la que estamos viviendo en Chile.
Una Constitución contiene las reglas y principios más importantes que regulan el funcionamiento del sistema político y la relación entre el Estado y los ciudadanos. Esos principios y reglas tienen que ser compartidos por grandes mayorías y respetados por toda la ciudadanía, porque la Constitución es una casa común, no la casa de un sector político particular. Una Constitución no resuelve de la noche a la mañana las necesidades más urgentes e importantes de la población, pero es la base necesaria que permite que esas necesidades sean tomadas en cuenta por las instituciones del Estado y los diversos actores políticos para buscar la mejor solución posible. Por eso, es muy importante cómo se equilibran los poderes políticos, cómo se distribuye el poder en el territorio, qué responsabilidades se asignan a cada institución y qué derechos se incluyen en el texto constitucional, para así obligar a los poderes públicos a protegerlos.
La Constitución que queremos
Queremos una Constitución que resuelva los problemas que la Constitución de 1980 ha causado, pero que también se haga cargo de los desafíos que tendremos en el futuro. Una Constitución que asegure el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a ciertos mínimos sociales que les permita vivir una vida libre y digna. Queremos una Constitución que facilite los acuerdos para hacer las reformas estructurales que se requieren para atender las necesidades del pueblo. Una Constitución que le otorgue un rol protagónico al Estado en aquellas políticas públicas que tienen un impacto significativo en el bienestar de las personas, donde el Estado no puede ser simplemente un actor subsidiario del mercado. Queremos construir una Constitución que garantice el respeto a la diversidad social que existe en el país, incluyendo el reconocimiento de grupos que han sido históricamente postergados, como los pueblos indígenas. Una Constitución que asegure que la riqueza natural del país será protegida, y que garantice el acceso equitativo a recursos críticos para el futuro de la humanidad, como el agua. Por último, queremos un nuevo texto constitucional que permita construir un país donde mujeres y hombres reciban un trato igualitario, y donde el abuso a ciudadanas y ciudadanos sea fuertemente sancionado.
También queremos una Constitución que no le tema a la democracia. La Constitución de 1980 ha demostrado tener muchos problemas en la forma de distribuir los poderes públicos. Fue escrita en dictadura y pretendió grabar a fuego un modelo político y social que fuera difícil reformar para eventuales gobiernos democráticos del futuro. Varios de los problemas del diseño original de la Constitución de 1980 se han mantenido.
Así, Chile tiene un sistema híper-presidencial.El Congreso Nacional, que es el órgano representativo por excelencia en una democracia constitucional, en muchos ámbitos funciona más bien como un buzón de los proyectos de ley que envía el Presidente. También está el problema de las leyes que necesitan mayorías cualificadas para ser aprobadas, lo que ha significado un obstáculo para reformas estructurales muy importantes. Por otro lado, el texto constitucional no ha favorecido un proceso de descentralización política importante en el país y no contempla mecanismos regulares de democracia directa. Por último, la Constitución establece un Tribunal Constitucional con atribuciones excesivas, las cuales sumadas a importantes déficits en el sistema de nombramiento de sus integrantes, ha frenado reformas importantes y necesarias.
Este contexto, la primera Constitución de Chile escrita a través de un procedimiento democrático, participativo y con igualdad de género tiene que profundizar la democracia que tenemos en nuestro país. Tiene que equilibrar los poderes del Presidente con los del Congreso Nacional, tiene que permitir que se aprueben leyes oportunas y eficaces que resuelvan los problemas de las chilenas y los chilenos. Tiene que contemplar mecanismos de democracia directa que permitan a la ciudadanía participar de manera inclusiva de las decisiones que tomamos como país. Y tiene que apostar por una decidida descentralización.
Dignidad, Constitución y Proceso Constituyente
La dignidad humana debe ser uno de los principios centrales de la Nueva Constitución. Este principio significa, en primer lugar, que el Estado existe en razón de servir al ser humano, es decir, a las personas concretas que habitamos este territorio. Significa, además, que todas y todos quienes formamos parte de esta comunidad política llamada Chile somos iguales y gozamos de los mismos derechos. Pero significa también que el orden político debe generar las condiciones que hacen posible que ese goce sea efectivo y no sólo frases en un papel: una constitución que hace de la dignidad humana su centro obliga a los representantes democráticos a construir una sociedad donde se hacen realidad los mínimos necesarios para que todos y todas puedan conducir sus propias vidas y prosperar junto a sus familias.
Estado Social, Democrático y Ecológico de Derecho
La Nueva Constitución debe establecer que el Estado de Chile será un Estado Social, Democrático y Ecológico de Derecho. El énfasis en el Estado Social tiene como objetivo obligar a los poderes públicos a tener un rol activo en la creación e implementación de políticas que garanticen de modo suficiente los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas del país, con el fin de que todos y todas tengan acceso a una vida digna. Ese es el rol que ha tenido en otras tradiciones constitucionales el reconocimiento de la idea de “Estado social y democrático de Derecho”.
Los derechos sociales son el acceso a ciertos mínimos de bienestar social que el Estado debe garantizar a todas las ciudadanas y ciudadanos de un país, en condiciones razonables de igualdad. Chile aún tiene un largo camino por recorrer en el ámbito de los derechos sociales. Una parte importante de la población del país se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad respecto de importantes ámbitos del bienestar, como la salud, la seguridad social, el trabajo, la educación y la vivienda. La Nueva Constitución es nuestra oportunidad para repensar los derechos sociales y resolver los problemas de su regulación en la Constitución de 1980.
No construiremos de la noche a la mañana esos mínimos asegurados para todas y todos, pero podemos establecer ciertos ajustes institucionales que conviertan su alcance en un objetivo central para nuestra sociedad.
Según la última encuesta de derechos humanos realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos el 2018, en la Región del Maule los derechos más conocidos y más vulnerados tienden a ser los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Dentro de los derechos más reconocidos están el derecho a la salud (22,5%) y el derecho a la educación (18,4%). Un poco más atrás están los derechos a la vivienda, al trabajo y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y ante la pregunta respecto de cuáles serían los derechos más vulnerados, el ranking lo lidera salud (24,3%) seguido del derecho a jubilación y pensión digna (16,7%) y luego el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (11,3%).
En este marco, es importante tener claro que la Constitución es fundamental para avanzar en la consagración y ejercicio de los derechos fundamentales. La actual Constitución en materia de salud, por ejemplo, pone el énfasis en la libertad de los ciudadanos para acogerse libremente a un sistema de salud público o privado, y no en las obligaciones del Estado en la materia. Algo parecido ocurre con el derecho a la educación. En materia de agua, la Constitución no la reconoce como un derecho humano. Tampoco hace referencia expresa a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.
La Constitución tampoco menciona el derecho a la vivienda. Al igual que el resto del país, la Región del Maule presenta importantes desafíos en este ámbito. De acuerdo con los datos del Censo de 2017, la región requiere alrededor de 20.000 viviendas nuevas y las necesita por varias razones: muchas familias viven actualmente en viviendas “irrecuperables”, es decir, la calidad de la vivienda es tan insuficiente que se necesita una nueva. Lamentablemente, esa es una realidad en varias de las zonas rurales de la región. También hay miles de familias que, en las diversas comunas del Maule, viven como allegados, es decir, que viven en la casa de parientes o amigos y que necesitan un espacio propio. A lo anterior se suman los problemas de hacinamiento y el número no menor de familias que viven en campamentos en la región. Todos estos desafíos son urgentes y resolverlos exige un compromiso cierto con el bienestar de las maulinas y los maulinos.
En definitiva, hoy tenemos una Constitución que más que reconocer derechos, y su consiguiente obligación estatal, protege la participación de actores privados en su provisión. Eso ha dificultado un rol activo y más protagónico del Estado en regular a los actores privados que proveen servicios públicos y ha permitido que el mercado supla al Estado, principalmente en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; precisamente aquellos detectados cómo más vulnerados en la región.
El solo reconocimiento de estos derechos no será suficiente. Al redactar la nueva Constitución será necesario determinar las formas de implementación de éstos. La consagración de un catálogo de derechos sin formas que permitan su implementación sería papel mojado. Para ello será fundamental, entre otras cosas, que la Constitución asegure mecanismos para hacer exigibles dichos derechos.
Una Constitución con enfoque de género e inclusiva de la diversidad sexual
El proceso constituyente es una oportunidad única para consagrar la igualdad de género y promover la participación de grupos históricamente excluidos en espacios de poder e incidencia, debido a la existencia de barreras sociales y culturales. El mismo hecho histórico de que nuestra Convención Constituyente sea paritaria, es esperanza de un proceso con enfoque de género e inclusivo.
La nueva Constitución debe considerar el uso de un nuevo lenguaje social y jurídico que repare la histórica invisibilización en un paradigma de neutralidad de mujeres y de las personas de la diversidad sexual.
El Estado debe generar condiciones para asegurar la igualdad de derechos usando herramientas que puedan entregar beneficios a personas o comunidades que históricamente han sufrido discriminación y que permitan remover los obstáculos que han impedido el igual acceso al goce de derechos fundamentales. Tales herramientas podrían ser la inclusión de medidas afirmativas que busquen lograr mayor igualdad para personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados y excluidos. Es importante que tales medidas sean temporales, necesarias, idóneas y proporcionales. Incluyéndose en nuestra constitución dichas acciones afirmativas se permite evitar discusiones futuras de inconstitucionalidad, así como consagrarlas como una obligación estatal.
Creemos que la nueva Constitución debe consolidar una serie de nuevas obligaciones para el Estado: garantizar la protección de todas las formas de familia; promover la participación política de todas las personas, y las comunidades en que se insertan, tanto en el espacio público como en el privado, promoviendo condiciones que les permitan hacerlo; y, proveer de las condiciones necesarias para la redistribución y socialización de las tareas de cuidado, el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, y la promoción de la corresponsabilidad.
Una Constitución Verde
Producto del cambio climático, nuestra relación con el ambiente se ha transformado dramáticamente. Temperaturas cada vez más extremas, escasez de recursos y nuevos tipos de contaminación afectan nuestro territorio y requieren nuevas soluciones y perspectivas. Como ejemplo, podemos citar los mega incendios que afectaron la zona central de Chile el 2017 y que golpearon con particular violencia a la Región del Maule. Es así como no fue casualidad que la relación con el medio ambiente fuera destacada y priorizada en los Encuentros Locales y Cabildos del Proceso Constituyente en las provincias de Linares y Cauquenes. El debate constitucional es la oportunidad para generar un nuevo trato entre nosotros y la tierra. Debemos transitar del derecho a “vivir en un medio ambiente libre de contaminación” al derecho a un medio ambiente sostenible y equilibrado, acorde con el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. Así, debemos superar la noción limitada de la Constitución de 1980, defendiendo el derecho colectivo a la sustentabilidad del medio ambiente y a fijando su protección como un rol preponderante del Estado. Esto implica revisar las cargas y beneficios entre diversos grupos y generaciones, y la protección de la biodiversidad como eje de las políticas públicas.
Sumado a los problemas señalados en el párrafo anterior, durante los últimos años se han agudizado prolongadas sequías, evidenciando la demanda por una distribución más justa del agua. El Maule Sur y en particular el secano costero se han visto dramáticamente afectados por esta problemática. La Nueva Constitución puede contribuir significativamente a que ella se haga realidad entendiendo el acceso al agua limpia y su saneamiento como un derecho humano.
En primer lugar, la Nueva Constitución debe establecer con claridad que las aguas son un bien nacional de uso público. En segundo lugar, que el Estado deberá promover y velar por un uso, administración y tratamiento eficiente del agua, tomando en consideración las diferentes realidades y situaciones regionales al momento de cumplir con este objetivo. Además, la Constitución puede incluir una cláusula que obligue a los grandes proyectos de infraestructura, que involucren una potencial alteración del ecosistema, pasar por procesos regulatorios donde se controle su pertinencia con los fines ecológicos establecidos, supervise el impacto ambiental y social, sumando a que existan posibilidades de control ciudadano.
Por otro lado, si bien la regulación del uso y aprovechamiento por parte de particulares del agua debiera ser entregada a la ley, la Nueva Constitución deberá establecer al menos dos limitaciones al legislador. Primero, la prioridad del consumo humano. Esta prioridad debe ser asegurada a través del establecimiento de un derecho individual garantizado al agua para uso personal y doméstico. Segundo, la Nueva Constitución debe garantizar la sustentabilidad de la interacción humana con cuencas y ecosistemas, con el objeto no sólo de asegurar su integridad y conservación, sino también para propender, cuando corresponda, a su restauración. Según los resultados de los Encuentros Locales Autoconvocados realizados durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, este último punto es una de las demandas más sentidas de los habitantes de las provincias de Linares y Cauquenes.
Forma de Gobierno
Descentralización y Gobierno Local: una Constitución con Enfoque Territorial
Seguridad y Derechos Humanos
El proceso constituyente también es una oportunidad ineludible para debatir, sin complejos ni temores, sobre el concepto de seguridad que como sociedad queremos construir. La Nueva Constitución debe considerar una aproximación al concepto de seguridad completamente diferente a la actual, dejando definitivamente atrás la nociva concepción y doctrina de la “Seguridad Nacional”. Debemos construir uno completamente nuevo, que esta vez sí cumpla a cabalidad con los principios básicos de una democracia. En esa línea, la Nueva Constitución debe considerar a lo menos cinco elementos. En primer lugar, la subordinación expresa de las instituciones armadas al poder civil. En segundo, que el concepto de seguridad tenga foco en la protección y en el empoderamiento de la ciudadanía, y no en supuestos “enemigos”. Tercero, que promueva la transparencia y la rendición de cuentas como regla general. Cuarto, que separe expresamente las funciones de las Fuerzas Armadas, en materia de Defensa, de las funciones de las policías, en materia de Seguridad Interior. Finalmente, el concepto de seguridad en la Nueva Constitución debe considerar el respeto y la protección irrestricta de los derechos humanos, con un énfasis particular en la responsabilidad de las instituciones armadas en dichos deberes, precisamente porque ellas tienen la facultad de ejercer de forma directa la fuerza del Estado, la única legítima en una democracia.
En este sentido, las causas que llevaron al proceso constituyente que estamos viviendo son varias y probablemente ellas tienen relación directa con los derechos humanos.
El 18 de octubre de 2019 marcó un lamentable hito fundamental en la historia de los derechos humanos en Chile. A partir de las movilizaciones sociales desarrolladas a lo largo de todo el país se observó una utilización de la fuerza estatal sin precedentes desde la dictadura. Y fue, precisamente en un contexto de graves y masivas violaciones a derechos humanos, que se generó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Lo ocurrido el 15 de noviembre 2019 es lo que nos sitúa en el hecho histórico que estamos ad-portas de vivir: escribiremos colectivamente las reglas en que marcarán el desarrollo de nuestra vida democrática.
Lamentablemente, la Región del Maule no estuvo exenta de violaciones a derechos humanos que sufrió el país. Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la región se presentaron 108 querellas en favor de 121 víctimas de violencia estatal en el período que transcurrió entre el 18 de octubre 2019 y el 18 de marzo del 2020.
Las obligaciones de verdad, justicia y reparación son imperativos que ha asumido el Estado de Chile y que no pueden pasarse por alto. Para asegurar aquello, se requiere que las instituciones judiciales estén a la altura de las circunstancias y destinen no sólo recursos, sino que una debida diligencia para esclarecer la verdad judicial en estos casos. Se necesita, además, que existan mecanismos descentralizados que permitan a las víctimas de violaciones a derechos humanos a acceder a una reparación integral que incluya aspectos físicos, psíquicos, familiares y laborales, entre otros. Finalmente, todos informes como los emitidos por organizaciones internacionales sobre la situación de graves violaciones a derechos humanos cometidas desde octubre en Chile concuerdan en la necesidad de una urgente reforma integral a Carabineros.
Un proceso con Participación Inclusiva
Estamos convencidos de que procesos con amplia participación ciudadana generan constituciones con mejores indicadores democráticos. Para eso, los procesos constituyentes deben cumplir con diversos criterios que generen una adecuada legitimidad.
En particular, la participación ciudadana puede ser definida por el momento en que se participa (antes, durante o después); las formas de participación (plebiscitos, elección de representantes, o deliberación ciudadana); o al grado de formalidad o reconocimiento institucional. En Chile se establecieron mecanismos previos (plebiscito y elección de convencionales constituyentes) y ratificatorios (plebiscito de salida). Se aseguró también paridad, escaños reservados para pueblos originarios y un porcentaje de candidaturas para personas en situación de discapacidad. La pregunta que queda pendiente es cómo asegurar la participación amplia durante el proceso constituyente.
Para asegurar la participación durante nuestro proceso constituyente, se deberían realizar sesiones itinerantes en distintos territorios del país, establecer semanas distritales para rendir cuentas en los territorios, y, entendiendo las limitaciones de la brecha digital, potenciar el uso de redes sociales para que, de esa manera, participen en la deliberación no sólo las y los 155 constituyentes elegidos. Para ello es necesario tener ciertas consideraciones y asegurar la transparencia y rendición de cuentas.
Cabe tener en cuenta que las plataformas digitales pueden ser utilizadas tanto para generar procesos constituyentes más abiertos, inclusivos y transparentes, como para restringirlos. La era digital, en particular el crecimiento y el uso masivo de plataformas en línea que permiten a los usuarios crear y difundir su propio contenido, ha aumentado significativamente los flujos de información global y ha mejorado la libertad de expresión en línea. Sin embargo, al mismo tiempo, las plataformas online se han utilizado para desinformar, abusar y acosar, y recurren cada vez más al uso de algoritmos para determinar el contenido que vemos. Empresas, partidos políticos, grupos de interés y otras instituciones pueden manipular la información que sirve de base para tomar decisiones políticas. La manipulación de dicha información, ya sea a través de campañas dirigidas o de algoritmos, afecta la posibilidad de una democracia deliberativa.
En este sentido, para seguir un modelo de participación digital durante la Convención Constituyente que promueva sus ventajas y prevenga sus amenazas asociadas, es fundamental asegurar ciertos mínimos que respondan a las diferentes realidades de los territorios.
Lo primero es asegurar la igualdad de participación. Chile tiene tasas altísimas de acceso a internet (87,5%), sin embargo, es necesario fomentar también la alfabetización digital para poder hacer de las herramientas online, unas que sean realmente accesibles. Al ser esta una política de largo aliento debe complementarse con formas de participación offline que ocurran en el territorio y tengan siempre presente la importancia de rendir cuentas del trabajo y la evolución de la discusión. Otro tema relevante, particularmente para el Maule Sur, es la precaria conectividad digital que tienen gran parte de las zonas rurales.
Lo segundo es la transparencia y difusión. Quienes resulten electos deberán generar mecanismos de divulgación constante de las discusiones y para ello las redes sociales pueden servir, aunque no serán suficientes. Como complemento, serán fundamentales las semanas distritales -porque nada reemplaza la interacción personal directa-, la presencia en medios de comunicación local, y eventualmente fomentar la itinerancia de la convención.
Lo tercero es establecer formas de rendición de cuentas que permitan desestimar comentarios de personas que tengan un interés de boicotear el proceso (los llamados trolls o haters) para que no intenten arruinar el esfuerzo colectivo publicando información incorrecta, comentarios inútiles y, en general, boicoteando el proceso. Para ello es fundamental que las reglas de participación estén bien definidas con anterioridad, a fin de no provocar potenciales problemas en la privacidad o libertad de expresión de quienes deseen participar.