Manifiesto Constitucional

Soy Ricardo Montero Allende y saludo al Pleno de la Convención y a los pueblos de Chile con alegría y esperanza.

Represento al Maule Sur: desde la cordillera a Colbún, Linares, Longaví y Parral; bajando al valle, a Yerbas Buenas, Villa Alegre, San Javier, Retiro y Cauquenes; llegando al mar a Pelluhue y Chanco.

Represento a un Chile que sufre doblemente el centralismo que viene, primero, desde Santiago y, luego, desde las capitales regionales. Represento a un Chile rural, que da vida a nuestras tradiciones campesinas, pero que también enfrenta desafíos propios de la modernidad, como el uso de tóxicos pesticidas, la privatización de las semillas, el secuestro de nuestras aguas o el descontrolado poder de las grandes corporaciones.

Un territorio que reivindicamos por su paisaje, sus cultivos o su patrimonio, pero que no encuentra respuesta a sus necesidades en un Estado que lo mira de lejos. Y represento también, como socialista, una historia que debemos a nuestros torturados, muertos y desaparecidos, porque hoy están aquí, más presentes que nunca, y porque su lucha democrática no fue ni será en vano.

Quienes estamos aquí compartimos una misión que nos honra y nos excede.

Debemos responder a quienes, con su movilización, demostraron que era posible abrir las grandes alamedas y mirar el futuro con optimismo. A quienes nos han dado un voto de confianza en medio de una profunda crisis de legitimidad. A quienes nos han dado la oportunidad, tal vez única, de responder al descontento con las armas de la paz: con democracia, participación y diálogo.

Y en este mismo Chile donde se ha sembrado el neoliberalismo, debemos proponer las bases de una sociedad diferente. Esta es la magnitud de nuestra tarea. Porque una Constitución debe responder a las demandas de su tiempo. Pero también debe adelantarse a problemas que recién se vislumbran y que llegarán a ser determinantes para nuestra sociedad. Por eso debemos construir el presente, pero de cara al futuro y a las generaciones por venir. Poblamos un mundo que padece una grave emergencia climática y ecológica, que sufre una pandemia sin fronteras y que enfrenta los flujos migratorios más intensos de la historia.

Somos parte de una sociedad amplia, diversa, compleja, donde lo local es tan relevante como lo global; donde la identidad se construye a partir de múltiples pertenencias. Justamente por ello, una Constitución sometida a la idea de un Estado-nación en un sentido tradicional – si alguna vez lo fue – no es ya suficiente. Por primera vez, caminamos hacia una constitución hecha de muchas voces y acentos; hacia la construcción de un Estado que respete y proteja, en justicia y equidad, a múltiples pueblos.

Esta idea de la diversidad que nos define como país, debe ser el marco político-ético que nos impulse a encontrar acuerdos en la fase constituyente que estamos iniciando: ningún constituyente, ningún grupo o colectivo es más importante que la multiplicidad de miradas y vivencias que en este foro debemos representar y reflejar entre todos. Asimismo, la nueva constitución debe ser espejo de la necesidad de cambio democrático que ha manifestado rotundamente nuestra sociedad.

Este no es un lugar para quienes creen que una constitución es un botín para unos pocos, como la que hoy nos rige. Tampoco es el espacio para quienes quieren mantener las cosas como están. Este debe ser un lugar de encuentro, de construcción amplia y profunda, de fraternidad y de reivindicación de la democracia, la transformación social y la construcción en paz.

Queremos construir un poder más eficaz, más capaz de resolver las demandas de la gran mayoría de chilenos, pero también un poder más democrático. Queremos una constitución que no busque abordarlo todo, pero que contenga todas las definiciones imprescindibles que nuestra República requerirá. Una constitución que no sólo sea un soporte jurídico, sino la base política y social sobre la cual cimentar nuestro devenir como pueblos; una constitución que nos respete a todas y todos. Una constitución en la que podamos confiar.

Compañeras y compañeros constituyentes: hoy tenemos la oportunidad de elegir la historia que queremos construir. Tomémosla. Tomemos la oportunidad de redactar, palabra por palabra, una historia más justa. Una historia en la que las grandes mayorías no sean, como hasta aquí, testigos o víctimas, sino protagonistas, artífices.

La oportunidad en la que consagremos el derecho de darnos el destino y las normas que decidamos, que no es otra cosa que el derecho de vivir en paz.

Tabla de contenidos

¿Qué es una Constitución?

Una Constitución contiene los pilares básicos de un sistema político. Sin una buena Constitución, el sistema político y social de un país no puede funcionar bien, ni responder adecuadamente a las necesidades de la población y resolver pacíficamente los conflictos que normalmente ocurren en una comunidad política. Es así como sin una buena Constitución, un país no puede enfrentar de buena forma una crisis social y política como la que estamos viviendo en Chile.

Una Constitución contiene las reglas y principios más importantes que regulan el funcionamiento del sistema político y la relación entre el Estado y los ciudadanos. Esos principios y reglas tienen que ser compartidos por grandes mayorías y respetados por toda la ciudadanía, porque la Constitución es una casa común, no la casa de un sector político particular. Una Constitución no resuelve de la noche a la mañana las necesidades más urgentes e importantes de la población, pero es la base necesaria que permite que esas necesidades sean tomadas en cuenta por las instituciones del Estado y los diversos actores políticos para buscar la mejor solución posible. Por eso, es muy importante cómo se equilibran los poderes políticos, cómo se distribuye el poder en el territorio, qué responsabilidades se asignan a cada institución y qué derechos se incluyen en el texto constitucional, para así obligar a los poderes públicos a protegerlos.

La Constitución que queremos

Queremos una Constitución que resuelva los problemas que la Constitución de 1980 ha causado, pero que también se haga cargo de los desafíos que tendremos en el futuro. Una Constitución que asegure el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a ciertos mínimos sociales que les permita vivir una vida libre y digna. Queremos una Constitución que facilite los acuerdos para hacer las reformas estructurales que se requieren para atender las necesidades del pueblo. Una Constitución que le otorgue un rol protagónico al Estado en aquellas políticas públicas que tienen un impacto significativo en el bienestar de las personas, donde el Estado no puede ser simplemente un actor subsidiario del mercado. Queremos construir una Constitución que garantice el respeto a la diversidad social que existe en el país, incluyendo el reconocimiento de grupos que han sido históricamente postergados, como los pueblos indígenas. Una Constitución que asegure que la riqueza natural del país será protegida, y que garantice el acceso equitativo a recursos críticos para el futuro de la humanidad, como el agua. Por último, queremos un nuevo texto constitucional que permita construir un país donde mujeres y hombres reciban un trato igualitario, y donde el abuso a ciudadanas y ciudadanos sea fuertemente sancionado.

También queremos una Constitución que no le tema a la democracia. La Constitución de 1980 ha demostrado tener muchos problemas en la forma de distribuir los poderes públicos. Fue escrita en dictadura y pretendió grabar a fuego un modelo político y social que fuera difícil reformar para eventuales gobiernos democráticos del futuro. Varios de los problemas del diseño original de la Constitución de 1980 se han mantenido.

Así, Chile tiene un sistema híper-presidencial.El Congreso Nacional, que es el órgano representativo por excelencia en una democracia constitucional, en muchos ámbitos funciona más bien como un buzón de los proyectos de ley que envía el Presidente. También está el problema de las leyes que necesitan mayorías cualificadas para ser aprobadas, lo que ha significado un obstáculo para reformas estructurales muy importantes. Por otro lado, el texto constitucional no ha favorecido un proceso de descentralización política importante en el país y no contempla mecanismos regulares de democracia directa. Por último, la Constitución establece un Tribunal Constitucional con atribuciones excesivas, las cuales sumadas a importantes déficits en el sistema de nombramiento de sus integrantes, ha frenado reformas importantes y necesarias.

Este contexto, la primera Constitución de Chile escrita a través de un procedimiento democrático, participativo y con igualdad de género tiene que profundizar la democracia que tenemos en nuestro país. Tiene que equilibrar los poderes del Presidente con los del Congreso Nacional, tiene que permitir que se aprueben leyes oportunas y eficaces que resuelvan los problemas de las chilenas y los chilenos. Tiene que contemplar mecanismos de democracia directa que permitan a la ciudadanía participar de manera inclusiva de las decisiones que tomamos como país. Y tiene que apostar por una decidida descentralización.

Dignidad, Constitución y Proceso Constituyente

La dignidad humana debe ser uno de los principios centrales de la Nueva Constitución. Este principio significa, en primer lugar, que el Estado existe en razón de servir al ser humano, es decir, a las personas concretas que habitamos este territorio. Significa, además, que todas y todos quienes formamos parte de esta comunidad política llamada Chile somos iguales y gozamos de los mismos derechos. Pero significa también que el orden político debe generar las condiciones que hacen posible que ese goce sea efectivo y no sólo frases en un papel: una constitución que hace de la dignidad humana su centro obliga a los representantes democráticos a construir una sociedad donde se hacen realidad los mínimos necesarios para que todos y todas puedan conducir sus propias vidas y prosperar junto a sus familias.

Estado Social, Democrático y Ecológico de Derecho

La Nueva Constitución debe establecer que el Estado de Chile será un Estado Social, Democrático y Ecológico de Derecho. El énfasis en el Estado Social tiene como objetivo obligar a los poderes públicos a tener un rol activo en la creación e implementación de políticas que garanticen de modo suficiente los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas del país, con el fin de que todos y todas tengan acceso a una vida digna. Ese es el rol que ha tenido en otras tradiciones constitucionales el reconocimiento de la idea de “Estado social y democrático de Derecho”.

Los derechos sociales son el acceso a ciertos mínimos de bienestar social que el Estado debe garantizar a todas las ciudadanas y ciudadanos de un país, en condiciones razonables de igualdad. Chile aún tiene un largo camino por recorrer en el ámbito de los derechos sociales. Una parte importante de la población del país se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad respecto de importantes ámbitos del bienestar, como la salud, la seguridad social, el trabajo, la educación y la vivienda. La Nueva Constitución es nuestra oportunidad para repensar los derechos sociales y resolver los problemas de su regulación en la Constitución de 1980. 

No construiremos de la noche a la mañana esos mínimos asegurados para todas y todos, pero podemos establecer ciertos ajustes institucionales que conviertan su alcance en un objetivo central para nuestra sociedad. 

Según la última encuesta de derechos humanos realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos el 2018, en la Región del Maule los derechos más conocidos y más vulnerados tienden a ser los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Dentro de los derechos más reconocidos están el derecho a la salud (22,5%) y el derecho a la educación (18,4%). Un poco más atrás están los derechos a la vivienda, al trabajo y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y ante la pregunta respecto de cuáles serían los derechos más vulnerados, el ranking lo lidera salud (24,3%) seguido del derecho a jubilación y pensión digna (16,7%) y luego el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (11,3%).

En este marco, es importante tener claro que la Constitución es fundamental para avanzar en la consagración y ejercicio de los derechos fundamentales. La actual Constitución en materia de salud, por ejemplo, pone el énfasis en la libertad de los ciudadanos para acogerse libremente a un sistema de salud público o privado, y no en las obligaciones del Estado en la materia. Algo parecido ocurre con el derecho a la educación. En materia de agua, la Constitución no la reconoce como un derecho humano. Tampoco hace referencia expresa a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. 

La Constitución tampoco menciona el derecho a la vivienda. Al igual que el resto del país, la Región del Maule presenta importantes desafíos en este ámbito. De acuerdo con los datos del Censo de 2017, la región requiere alrededor de 20.000 viviendas nuevas y las necesita por varias razones: muchas familias viven actualmente en viviendas “irrecuperables”, es decir, la calidad de la vivienda es tan insuficiente que se necesita una nueva. Lamentablemente, esa es una realidad en varias de las zonas rurales de la región. También hay miles de familias que, en las diversas comunas del Maule, viven como allegados, es decir, que viven en la casa de parientes o amigos y que necesitan un espacio propio. A lo anterior se suman los problemas de hacinamiento y el número no menor de familias que viven en campamentos en la región. Todos estos desafíos son urgentes y resolverlos exige un compromiso cierto con el bienestar de las maulinas y los maulinos.

En definitiva, hoy tenemos una Constitución que más que reconocer derechos, y su consiguiente obligación estatal, protege la participación de actores privados en su provisión. Eso ha dificultado un rol activo y más protagónico del Estado en regular a los actores privados que proveen servicios públicos y ha permitido que el mercado supla al Estado, principalmente en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; precisamente aquellos detectados cómo más vulnerados en la región.

El solo reconocimiento de estos derechos no será suficiente. Al redactar la nueva Constitución será necesario determinar las formas de implementación de éstos. La consagración de un catálogo de derechos sin formas que permitan su implementación sería papel mojado. Para ello será fundamental, entre otras cosas, que la Constitución asegure mecanismos para hacer exigibles dichos derechos. 

Una Constitución con enfoque de género e inclusiva de la diversidad sexual

El proceso constituyente es una oportunidad única para consagrar la igualdad de género y promover la participación de grupos históricamente excluidos en espacios de poder e incidencia, debido a la existencia de barreras sociales y culturales. El mismo hecho histórico de que nuestra Convención Constituyente sea paritaria, es esperanza de un proceso con enfoque de género e inclusivo.

La nueva Constitución debe considerar el uso de un nuevo lenguaje social y jurídico que repare la histórica invisibilización en un paradigma de neutralidad de mujeres y de las personas de la diversidad sexual.

El Estado debe generar condiciones para asegurar la igualdad de derechos usando herramientas que puedan entregar beneficios a personas o comunidades que históricamente han sufrido discriminación y que permitan remover los obstáculos que han impedido el igual acceso al goce de derechos fundamentales. Tales herramientas podrían ser la inclusión de medidas afirmativas que busquen lograr mayor igualdad para personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados y excluidos. Es importante que tales medidas sean temporales, necesarias, idóneas y proporcionales. Incluyéndose en nuestra constitución dichas acciones afirmativas se permite evitar discusiones futuras de inconstitucionalidad, así como consagrarlas como una obligación estatal.

Creemos que la nueva Constitución debe consolidar una serie de nuevas obligaciones para el Estado: garantizar la protección de todas las formas de familia; promover la participación política de todas las personas, y las comunidades en que se insertan, tanto en el espacio público como en el privado, promoviendo condiciones que les permitan hacerlo; y, proveer de las condiciones necesarias para la redistribución y socialización de las tareas de cuidado, el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, y la promoción de la corresponsabilidad.

Una Constitución Verde

Producto del cambio climático, nuestra relación con el ambiente se ha transformado dramáticamente. Temperaturas cada vez más extremas, escasez de recursos y nuevos tipos de contaminación afectan nuestro territorio y requieren nuevas soluciones y perspectivas. Como ejemplo, podemos citar los mega incendios que afectaron la zona central de Chile el 2017 y que golpearon con particular violencia a la Región del Maule. Es así como no fue casualidad que la relación con el medio ambiente fuera destacada y priorizada en los Encuentros Locales y Cabildos del Proceso Constituyente en las provincias de Linares y Cauquenes. El debate constitucional es la oportunidad para generar un nuevo trato entre nosotros y la tierra. Debemos transitar del derecho a “vivir en un medio ambiente libre de contaminación” al derecho a un medio ambiente sostenible y equilibrado, acorde con el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. Así, debemos superar la noción limitada de la Constitución de 1980, defendiendo el derecho colectivo a la sustentabilidad del medio ambiente y a fijando su protección como un rol preponderante del Estado. Esto implica revisar las cargas y beneficios entre diversos grupos y generaciones, y la protección de la biodiversidad como eje de las políticas públicas.

Sumado a los problemas señalados en el párrafo anterior, durante los últimos años se han agudizado prolongadas sequías, evidenciando la demanda por una distribución más justa del agua. El Maule Sur y en particular el secano costero se han visto dramáticamente afectados por esta problemática. La Nueva Constitución puede contribuir significativamente a que ella se haga realidad entendiendo el acceso al agua limpia y su saneamiento como un derecho humano.

En primer lugar, la Nueva Constitución debe establecer con claridad que las aguas son un bien nacional de uso público. En segundo lugar, que el Estado deberá promover y velar por un uso, administración y tratamiento eficiente del agua, tomando en consideración las diferentes realidades y situaciones regionales al momento de cumplir con este objetivo. Además, la Constitución puede incluir una cláusula que obligue a los grandes proyectos de infraestructura, que involucren una potencial alteración del ecosistema, pasar por procesos regulatorios donde se controle su pertinencia con los fines ecológicos establecidos, supervise el impacto ambiental y social, sumando a que existan posibilidades de control ciudadano.

Por otro lado, si bien la regulación del uso y aprovechamiento por parte de particulares del agua debiera ser entregada a la ley, la Nueva Constitución deberá establecer al menos dos limitaciones al legislador. Primero, la prioridad del consumo humano. Esta prioridad debe ser asegurada a través del establecimiento de un derecho individual garantizado al agua para uso personal y doméstico. Segundo, la Nueva Constitución debe garantizar la sustentabilidad de la interacción humana con cuencas y ecosistemas, con el objeto no sólo de asegurar su integridad y conservación, sino también para propender, cuando corresponda, a su restauración. Según los resultados de los Encuentros Locales Autoconvocados realizados durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, este último punto es una de las demandas más sentidas de los habitantes de las provincias de Linares y Cauquenes.

Forma de Gobierno

Una de las tareas más importantes que tendrá la Convención Constitucional será definir la forma de Gobierno de la República. La decisión, como todas en la discusión, cuenta con alternativas que impactarán el desarrollo y el futuro de nuestro Estado. En ese sentido, el mundo democrático moderno conoce –con diferentes variaciones-  tres modelos principales: el presidencialismo, el semi-presidencialismo y el parlamentarismo. El desafío está en encontrar cuál es el formato que puede prestar más utilidad en el arte democrático de la interacción política y la administración del Estado.  En el parlamentarismo, los cargos de Jefe de Estado y de Jefe de Gobierno son ejercidos por personas diferentes, contando sólo este último con legitimidad democrática. Por ello, en las democracias parlamentarias el Jefe de Estado ejerce tareas principalmente protocolares. Su función más propiamente política consiste en el encargo de formar gobierno que realiza al líder del partido más votado en las elecciones de miembros del Parlamento. Este líder ejerce las funciones de Jefe de Gobierno, ya sea porque su partido logra la mayoría absoluta del parlamento o porque encabeza una coalición de partidos que la alcanza. Así, dado que es la mayoría parlamentaria quien lo sustenta, en el parlamentarismo la separación de los poderes ejecutivo y legislativo es más difusa. Además, para evitar tanto la inestabilidad como la parálisis, los parlamentarismos modernos cuentan al menos con las dos siguientes herramientas. Por una parte, el Jefe de Gobierno puede disolver al parlamento y llamar a nuevas elecciones frente a una crisis política o social relevante que demande una revalidación o reemplazo de las mayorías gobernantes. Por otra, si la mayoría parlamentaria se desarma o pretende desbancar al Primer Ministro, es necesaria la conformación de una nueva mayoría que proponga inmediatamente su reemplazo. En este sentido, el parlamentarismo tiene como cualidades que el gobierno cuenta con mayorías parlamentarias para llevar a cabo su programa; que promueve coaliciones flexibles para formar mayorías en base a programas previamente acordados; que tiende a la colaboración entre parlamento y gobierno; y, finalmente, que cuenta con válvulas de escape expeditas para responder a crisis de cierta entidad. En Chile, desde la independencia ha regido casi ininterrumpidamente el presidencialismo. En éste, a diferencia del parlamentarismo, una sola figura, el Presidente de la República, ejerce los cargos de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, siendo elegido por un período fijo en una elección independiente de la parlamentaria. El Presidente asume la totalidad del Poder Ejecutivo, y procede como autoridad unipersonal a nombrar directamente a todo el gabinete de ministros, subsecretarios y otros múltiples funcionarios, los que realizan una serie de tareas de Gobierno que no dependen de las mayorías en el Parlamento, las que pueden o no ser de su mismo sector político. Además, el Presidente es quien maneja, en general, la agenda legislativa. Los promotores de este sistema elogian principalmente: su clara separación de poderes, lo que promueve un mejor funcionamiento de los pesos y contrapesos esenciales en una democracia, junto con la existencia de un liderazgo superior reconocible, con un período de gobierno fijo y con legitimación democrática directa. Sin embargo, al menos la versión nacional de este sistema –conocida como presidencialismo exacerbado o hiperpresidencialismo— tiene problemas importantes. Uno es que las  atribuciones del presidente son excesivas, superando con demasía al rol del Parlamento, convirtiendo a éste, en muchos casos, en un buzón de los proyectos de ley del ejecutivo. El Presidente no sólo maneja la agenda legislativa y sus tiempos, sino que monopoliza la iniciativa de los asuntos realmente importantes, incluyendo todos aquellos que involucran presupuesto. Esto ha generado, una depreciación del rol del Congreso, generando incentivos perversos para sus miembros, los que tienden así crecientemente a la confrontación para obtener notoriedad. A esto se suma que, salvo en un caso, desde el regreso de la democracia ningún Presidente ha contado con las supra-mayorías, propias del sistema chileno, que son necesarias para reformas las materias legales de mayor importancia , lo que ha llevado a la parálisis y polarización del sistema político. Este fenómeno se ha agravado por un sistema electoral que ha aumentado la fragmentación. Frente a este escenario, durante el debate actual se ha escuchado con relativa frecuencia la posibilidad de implementar un sistema semipresidencial, que se presenta a veces en la discusión como una cierta mezcla de los dos anteriores. Aquí, la Jefatura de Estado y la de Gobierno son ejercidas por distintas personas, pero ambas cuentan con legitimidad democrática directa. De esta manera, el Jefe de Estado posee atribuciones que sobrepasan las meramente protocolares, tales como importantes poderes de veto legislativo, manejo de las relaciones exteriores y nombramiento de funcionarios relevantes en la administración del Estado. Además, en este régimen, el Jefe de Estado, que por lo general toma el nombre de Presidente, se ubica por encima del parlamento y del gobierno de los asuntos diarios. Este gobierno recae, en cambio, en un primer ministro nombrado por el Presidente, pero que debe contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria. Un sistema de este tipo permitiría afrontar en mejor medida diversos desafíos, porque otorga flexibilidad ante crisis políticas o sociales, pudiendo modificar las autoridades de Gobierno, junto con mantener la necesaria estabilidad en la figura del presidente, logrando de esta manera un cierto equilibrio entre poder ejecutivo y legislativo. En este contexto, es necesario, en primer lugar, señalar que ningún sistema de Gobierno es perfecto: todos presentan ventajas y desventajas. En segundo, reconocer que nuestra forma de gobierno se encuentra en un estado de crisis aguda. En efecto, Chile necesita un sistema donde haya un mejor equilibrio de poderes entre el Congreso y el Presidente. Donde el Congreso no sea el buzón de los proyectos del Ejecutivo pero que también permita que el Presidente cuente con el respaldo para llevar adelante su programa. Ello, sin embargo, no significa necesariamente adoptar otros modelos. Por un lado, el parlamentarismo no sólo parece demasiado ajeno a nuestra historia, sino que también la tendencia global a la fragmentación ha llevado con frecuencia a la imposibilidad de alcanzar mayorías y formar gobiernos. Por otro lado, el semipresidencialismo, dada la posibilidad de que el presidente y el primer ministro pertenezcan a partidos o coaliciones distintas, podría acentuar problemas que ya tenemos. Al menos hoy, el Presidente puede desempeñar una serie de funciones que no dependen de mayorías parlamentarias, cuya continuidad es clave para democracias con características como la nuestra. Si bien este es un debate abierto que debe ser evaluado en profundidad por la Convención, en principio, parece conveniente avanzar con a un presidencialismo atenuado que distribuya mejor el poder entre el Ejecutivo y el Congreso y que fomente procesos institucionales virtuosos. Para ello se requiere, en primer lugar, no sólo mayores facultades para el Congreso, sino también incorporar vías robustas de democracia directa e iniciativa popular. Luego, una reforma al sistema electoral que disminuya la fragmentación, aumentando las posibilidades de alcanzar acuerdos y el desarrollo del programa del Gobierno elegido justamente para ello. Finalmente, una profunda descentralización, que otorgue importantes atribuciones, competencias y recursos a las autoridades regionales, lo que se revisa con mayor profundidad a continuación.     

Descentralización y Gobierno Local: una Constitución con Enfoque Territorial

Durante los últimos meses hemos recorrido diversas zonas rurales del distrito visitando a decenas de familias que, pese a crecer en la tradición agrícola que caracteriza a la zona y conocer perfectamente el trabajo de la tierra, han debido dejar sus producciones para concentrarse en otras formas de generar ingresos que les permitan subsistir. Lo que hemos escuchado es preocupante. Las familias de la zona sienten que sus problemáticas no han sido atendidas, producto de una mirada centralista que los ha dejado de lado, generando un profundo y justificado descontento. ¿Qué tiene que ver esto con la nueva Constitución? Estamos convencidos de que la Convención Constituyente debe considerar estas problemáticas con enfoque territorial. Luego de años de discusión parlamentaria, recién este 2021 se hará realidad la elección de gobernadores regionales. A diferencia de la situación actual, este hito permitirá que las autoridades regionales sean elegidas democráticamente, dotándolas de legitimidad popular de origen, y otorgando mayor estabilidad a la administración regional, considerando que dichas autoridades estén en sus cargo al menos cuatro años, extensibles a 8 años si son reelegidas. Sin embargo, creemos que esto es sólo un primer paso, y que el actual proceso constituyente debe avanzar de manera decidida en profundizar la descentralización. Si bien la descentralización es un concepto con diversas facetas, hay cierto acuerdo en que se trata de, a lo menos, tres cuestiones básicas. En primer lugar, la descentralización se relaciona con el traspaso de poder político: la representación democrática de un gobierno local , sucede con la elección de cargos regionales por parte de sus representados y no desde Santiago. En segundo lugar, la descentralización involucra el traspaso de competencias político-administrativas: decisiones que antes se tomaban por organismos controlados por el gobierno central pasan a ser administrados por los representantes elegidos de la región, como sucede con políticas de planificación, empleo y gestión de recursos hídricos. Finalmente, otro grupo de asuntos a descentralizar son las facultades económicas-financieras, que involucran las decisiones presupuestarias y de financiamiento de la región, como por ejemplo el traspaso de decisiones presupuestarias o de recaudación de tributos. Estos temas no son nuevos. Los procesos de descentralización comenzaron con la vuelta a la democracia en 1990 y dentro del marco normativo heredado por la dictadura. Si bien la Constitución de 1980 reconoce que la administración es “territorialmente descentralizada”, la agenda descentralizadora se ha movido más lento que en otros países que comparten la característica de ser un país unitario. Nos acostumbramos a que cada proceso de descentralización enfrentara numerosos obstáculos. Con todo, la conciencia de las limitaciones de las atribuciones de las regiones ha ganado consenso. La creación de una Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional por el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet presentó una revisión sistémica de las reformas necesarias para consolidar a Chile como un país efectivamente descentralizado. Sin embargo, la descentralización no ha sido abordada en sus reformas desde una perspectiva de conjunto que permita incorporar instrumentos, programas y recursos en forma coordinada y eficiente a fin de no duplicar esfuerzos o entorpecer la labor de los demás sectores. Al contrario, las reformas de descentralización se han caracterizado por ser negociaciones tortuosas, donde los diferentes intereses han terminado en proyectos de ley que dejan contentos a pocos y que no han reformado de manera sistemática el sistema de administración de las regiones. Sin ir más lejos, el Gobernador Regional nace con atribuciones parciales, con materias que no están del todo claras, y sin facultades que estaban recomendadas en el informe de la Comisión Asesora. La reforma, sin ir más lejos, ignora importantes discusiones, tales como la función de los gobernadores provinciales o las facultades que los Municipios deberían transferir a los Gobiernos Regionales. A la luz de las limitaciones que ha enfrentado esta agenda, el debate constitucional es una gran oportunidad, para trazar un nuevo camino en materia de descentralización. Ciertamente es difícil y debatible la conveniencia que una Constitución contenga con exactitud el tipo de atribuciones que tendrá cada organismo en una región. Sin embargo, sí debería establecer los principios y organismos que estarán a cargo de la administración del territorio, con objetivos y facultades que cumplan con las expectativas que tienen los ciudadanos: mayor participación, transparencia y resultados concretos. En definitiva, a la luz de las limitaciones que la agenda descentralizadora ha enfrentado, el debate constitucional será un momento para redefinirnos como un Estado que impulse equidad y armonía entre los territorios del país, que estudie la mejor forma de administrarlas, fortalezca y reorganice las competencias de los distintos gobiernos locales. Redactar la Nueva Constitución será un enorme desafío porque allí estarán alojados los sueños y las esperanzas de miles de personas que confían en un cambio de enfoque, uno que reconozca la diversidad y riqueza de los territorios y su potencial. En el caso del Maule Sur, el enfoque territorial que podamos impulsar será clave para las vecinas y vecinos de las provincias de Linares y Cauquenes y, en general, para todas las comunas del país que merecen un trato más justo.

Seguridad y Derechos Humanos

El proceso constituyente también es una oportunidad ineludible para debatir, sin complejos ni temores, sobre el concepto de seguridad que como sociedad queremos construir. La Nueva Constitución debe considerar una aproximación al concepto de seguridad completamente diferente a la actual, dejando definitivamente atrás la nociva concepción y doctrina de la “Seguridad Nacional”. Debemos construir uno completamente nuevo, que esta vez sí cumpla a cabalidad con los principios básicos de una democracia. En esa línea, la Nueva Constitución debe considerar a lo menos cinco elementos. En primer lugar, la subordinación expresa de las instituciones armadas al poder civil. En segundo, que el concepto de seguridad tenga foco en la protección y en el empoderamiento de la ciudadanía, y no en supuestos “enemigos”. Tercero, que promueva la transparencia y la rendición de cuentas como regla general. Cuarto, que separe expresamente las funciones de las Fuerzas Armadas, en materia de Defensa, de las funciones de las policías, en materia de Seguridad Interior. Finalmente, el concepto de seguridad en la Nueva Constitución debe considerar el respeto y la protección irrestricta de los derechos humanos, con un énfasis particular en la responsabilidad de las instituciones armadas en dichos deberes, precisamente porque ellas tienen la facultad de ejercer de forma directa la fuerza del Estado, la única legítima en una democracia.

En este sentido, las causas que llevaron al proceso constituyente que estamos viviendo son varias y probablemente ellas tienen relación directa con los derechos humanos.

El 18 de octubre de 2019 marcó un lamentable hito fundamental en la historia de los derechos humanos en Chile. A partir de las movilizaciones sociales desarrolladas a lo largo de todo el país se observó una utilización de la fuerza estatal sin precedentes desde la dictadura. Y fue, precisamente en un contexto de graves y masivas violaciones a derechos humanos, que se generó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Lo ocurrido el 15 de noviembre 2019 es lo que nos sitúa en el hecho histórico que estamos ad-portas de vivir: escribiremos colectivamente las reglas en que marcarán el desarrollo de nuestra vida democrática.

Lamentablemente, la Región del Maule no estuvo exenta de violaciones a derechos humanos que sufrió el país. Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la región se presentaron 108 querellas en favor de 121 víctimas de violencia estatal en el período que transcurrió entre el 18 de octubre 2019 y el 18 de marzo del 2020.

Las obligaciones de verdad, justicia y reparación son imperativos que ha asumido el Estado de Chile y que no pueden pasarse por alto. Para asegurar aquello, se requiere que las instituciones judiciales estén a la altura de las circunstancias y destinen no sólo recursos, sino que una debida diligencia para esclarecer la verdad judicial en estos casos. Se necesita, además, que existan mecanismos descentralizados que permitan a las víctimas de violaciones a derechos humanos a acceder a una reparación integral que incluya aspectos físicos, psíquicos, familiares y laborales, entre otros. Finalmente, todos informes como los emitidos por organizaciones internacionales sobre la situación de graves violaciones a derechos humanos cometidas desde octubre en Chile concuerdan en la necesidad de una urgente reforma integral a Carabineros.

Un proceso con Participación Inclusiva

Estamos convencidos de que procesos con amplia participación ciudadana generan constituciones con mejores indicadores democráticos. Para eso, los procesos constituyentes deben cumplir con diversos criterios que generen una adecuada legitimidad.

En particular, la participación ciudadana puede ser definida por el momento en que se participa (antes, durante o después); las formas de participación (plebiscitos, elección de representantes, o deliberación ciudadana); o al grado de formalidad o reconocimiento institucional. En Chile se establecieron mecanismos previos (plebiscito y elección de convencionales constituyentes) y ratificatorios (plebiscito de salida). Se aseguró también paridad, escaños reservados para pueblos originarios y un porcentaje de candidaturas para personas en situación de discapacidad. La pregunta que queda pendiente es cómo asegurar la participación amplia durante el proceso constituyente.

Para asegurar la participación durante nuestro proceso constituyente, se deberían realizar sesiones itinerantes en distintos territorios del país, establecer semanas distritales para rendir cuentas en los territorios, y, entendiendo las limitaciones de la brecha digital, potenciar el uso de redes sociales para que, de esa manera, participen en la deliberación no sólo las y los 155 constituyentes elegidos. Para ello es necesario tener ciertas consideraciones y asegurar la transparencia y rendición de cuentas.

Cabe tener en cuenta que las plataformas digitales pueden ser utilizadas tanto para generar procesos constituyentes más abiertos, inclusivos y transparentes, como para restringirlos. La era digital, en particular el crecimiento y el uso masivo de plataformas en línea que permiten a los usuarios crear y difundir su propio contenido, ha aumentado significativamente los flujos de información global y ha mejorado la libertad de expresión en línea. Sin embargo, al mismo tiempo, las plataformas online se han utilizado para desinformar, abusar y acosar, y recurren cada vez más al uso de algoritmos para determinar el contenido que vemos. Empresas, partidos políticos, grupos de interés y otras instituciones pueden manipular la información que sirve de base para tomar decisiones políticas. La manipulación de dicha información, ya sea a través de campañas dirigidas o de algoritmos, afecta la posibilidad de una democracia deliberativa.

En este sentido, para seguir un modelo de participación digital durante la Convención Constituyente que promueva sus ventajas y prevenga sus amenazas asociadas, es fundamental asegurar ciertos mínimos que respondan a las diferentes realidades de los territorios.

Lo primero es asegurar la igualdad de participación. Chile tiene tasas altísimas de acceso a internet (87,5%), sin embargo, es necesario fomentar también la alfabetización digital para poder hacer de las herramientas online, unas que sean realmente accesibles. Al ser esta una política de largo aliento debe complementarse con formas de participación offline que ocurran en el territorio y tengan siempre presente la importancia de rendir cuentas del trabajo y la evolución de la discusión. Otro tema relevante, particularmente para el Maule Sur, es la precaria conectividad digital que tienen gran parte de las zonas rurales.

Lo segundo es la transparencia y difusión. Quienes resulten electos deberán generar mecanismos de divulgación constante de las discusiones y para ello las redes sociales pueden servir, aunque no serán suficientes. Como complemento, serán fundamentales las semanas distritales -porque nada reemplaza la interacción personal directa-, la presencia en medios de comunicación local, y eventualmente fomentar la itinerancia de la convención.

Lo tercero es establecer formas de rendición de cuentas que permitan desestimar comentarios de personas que tengan un interés de boicotear el proceso (los llamados trolls o haters) para que no intenten arruinar el esfuerzo colectivo publicando información incorrecta, comentarios inútiles y, en general, boicoteando el proceso. Para ello es fundamental que las reglas de participación estén bien definidas con anterioridad, a fin de no provocar potenciales problemas en la privacidad o libertad de expresión de quienes deseen participar.