Las causas que llevaron al proceso constituyente que estamos viviendo son varias y probablemente todas ellas tienen algún grado de relación con los derechos humanos. Cuestiones relativas a pensiones, salud, vivienda, recursos naturales, género, agua, entre varios otros, son temas que se abordan de una u otra manera con la expansión normativa que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos durante los últimos 70 años.
En este contexto, el 18 de octubre de 2019 marcó un hito fundamental en la historia de los derechos humanos en Chile. A partir de las movilizaciones sociales desarrolladas a lo largo de todo el país se observó una utilización de la fuerza estatal sin precedentes desde la dictadura. Y fue, precisamente en un contexto de graves y masivas violaciones a derechos humanos, que se generó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Lo ocurrido el 15 de noviembre 2019 es lo que nos sitúa en el hecho histórico que estamos adportas de vivir: escribiremos colectivamente las reglas en que marcarán el desarrollo de nuestra vida democrática.
Lamentablemente, la Región del Maule no estuvo exenta del contexto de violaciones a derechos humanos que sufrió el país. Según las cifras públicas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la región se presentaron 108 querellas en favor de 121 víctimas de violencia estatal en el período que transcurrió entre el 18 de octubre 2019 y el 18 de marzo del 2020.
Es necesario mencionar parte de los delitos que se imputan para entender la gravedad de los hechos denunciados: 80 golpizas, 52 disparos, 28 desnudamientos, amenazas de muerte, tocaciones y amenazas de violación afectaron a 80 hombres, 27 mujeres y 14 niños, niñas y adolescentes. El 95% de estas querellas fueron dirigidas contra Carabineros. Y, a pesar de la atrocidad de los delitos cometidos, la justicia ha sido lenta. A la fecha, exisitirían dos imputados en la región: un Carabinero y un militar. Esto contrasta con las más de 640 personas que según el Ministerio Público están imputadas por delitos cometidos en el mismo contexto, incluyendo personas que están en prisión preventiva en la región.
El proceso constituyente en el que el país se ha embarcado no puede separarse de la búsqueda de verdad, justicia y reparación en los casos de violaciones a derechos humanos recientemente descritos. El acuerdo por escribir una nueva constitución se da en un clima de violencia perpetrada –principalmente— por agentes del Estado que monopolizan el uso de la fuerza. En este sentido, para asegurar la legitimidad del proceso constituyente, se vuelve fundamental, por una parte, acceder a la verdad y reparación para las víctimas de violaciones a derechos humanos y, por otra, generar las reformas institucionales que garanticen que esto no vuelva a ocurrir.
Las obligaciones de verdad, justicia y reparación son imperativos que ha asumido el Estado de Chile y que no pueden pasarse por alto. Para asegurar aquello, se requieren varias cosas, entre ellas que las instituciones judiciales estén a la altura de las circunstancias y destinen no sólo recursos, sino que una debida diligencia para esclarecer la verdad judicial en estos casos. Se requiere, además, que existan mecanismos descentralizados que permitan a las víctimas de violaciones a derechos humanos a acceder a una reparación integral que incluya aspectos físicos, psíquicos, familiares y laborales, entre otros. Finalmente, todos informes como los emitidos por el INDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de graves violaciones a derechos humanos cometidas desde octubre en Chile concuerdan en la necesidad de una reforma integral a Carabineros. Estoy convencido que, ante las obligaciones internacionales del Estado de Chile, el proceso constituyente servirá como una plataforma para delinear esa reforma.
En definitiva, el proceso constituyente que estamos viviendo no puede dejar en la sombra las graves violaciones a derechos humanos que hemos vivido en el país, hacerlo significaría desencadenar en un proceso que no rinde cuenta de su contexto original, afectando –potencialmente— no sólo el proceso de deliberación, sino que la práctica constitucional que construiremos en conjunto.
