Las demandas y necesidades que las chilenas y chilenos han expuesto en el último tiempo evidencian que -como ciudadanía- no sólo queremos prosperar junto a nuestras familias, también queremos ser un aporte para nuestras comunidades. No es necesario ser un especialista en Ciencias Sociales para observar que la abrumadora mayoría está dispuesta a trabajar arduamente, a afrontar estoicamente los rigores del día a día, a privarse de satisfacciones con tal de labrarle generar mejores oportunidades para sus hijos, a contribuir con el bienestar del resto y a cumplir las leyes. Sin embargo, para muchas y muchos la vida es demasiado dura y aun así pongan el mejor de sus esfuerzos, eso no alcanza.
En Chile, muchos de quienes trabajan en jornadas extenuantes, y sobre todos quienes no pueden o no logran contar con un empleo, sienten que no tienen control sobre sus vidas, que la posibilidad de cumplir sus proyectos se diluye en la lucha por llegar al mes siguiente. Mientras todavía a demasiados simplemente no les alcanza siquiera para lo básico, a muchos otros tan sólo un imprevisto, la enfermedad, el desempleo o la llegada de la vejez, puede derrumbarles todo lo conseguido. De esta manera, la realidad también nos muestra que no basta con el esfuerzo ni la voluntad personal más férrea: que todos puedan llevar una vida digna requiere, necesariamente, contar con ciertos mínimos garantizados.
Esos mínimos asegurados para todas y todos no los construiremos de la noche a la mañana, pero podemos establecer ciertos ajustes institucionales que conviertan su alcance en un objetivo central para nuestra sociedad. A nivel constitucional esto pasa, en primer lugar, por establecer en la nueva Constitución que el Estado será un Estado Social, Democrático y Ecológico de Derecho.
La consagración del Estado Social tiene como objetivo obligar a los poderes públicos a tener un rol activo en la creación e implementación de políticas que garanticen de modo suficiente los derechos sociales. En otras palabras, el establecimiento del Estado Social obliga a las autoridades a ir edificando, gradual pero decisivamente, un sistema de garantías que asegure a todas las personas el acceso a bienes básicos como educación, seguridad social, salud y vivienda, en condiciones razonables de igualdad. Además, como los demás principios señalan, ello debe hacerse en un marco de respeto al derecho, a la democracia y al medioambiente.
Sólo a partir de estos mínimos es posible diseñar un proyecto de vida que no se vea determinado de antemano por condiciones de nacimiento o amenazado en cada esquina por los arbitrarios infortunios de la existencia. Frente a la lotería del destino que a algunos asigna mejor cuna, salud, oportunidades o talento, el Estado Social y los derechos sociales afirman que en el Chile que queremos hay ciertos mínimos que no dependerán de la suerte o del esfuerzo personal, sino que nos corresponden a todos por el sólo hecho de compartir esta misma tierra.
En el principio del Estado Social nos reconocemos como individuos que forman parte de una misma comunidad y que se deben solidaridad recíproca e intergeneracional. La garantía de ciertos mínimos que los derechos sociales proveen es, entonces, la condición de posibilidad para que todos puedan acceder a aquello que mencionábamos al inicio: a una vida digna, a progresar junto a nuestros seres queridos y a contribuir con la sociedad de la que somos parte.
La nueva constitución es una oportunidad única para ponernos manos a la obra en los aspectos fundantes de dicha tarea.
