Un proceso constituyente con amplia participación ciudadana genera constituciones con mejores indicadores democráticos, para eso, los procesos constituyentes deben cumplir con diversos criterios que generen una adecuada legitimidad. En particular, la participación ciudadana puede ser definida por el momento en que se participa (antes, durante o después); las formas de participación (plebiscitos, elección de representantes, o deliberación ciudadana), o al grado de formalidad o reconocimiento institucional. En Chile se estableció mecanismos previos (plebiscito y elección de convencionales constituyentes) y posterior (plebiscito de salida). Se asegura también paridad, escaños reservados para pueblos originarios y un porcentaje de candidaturas para personas en situación de discapacidad. La pregunta que queda pendiente es cómo asegurar la participación amplia durante el proceso constituyente.
Para asegurar la participación durante nuestro proceso constituyente, se deberían realizar, entre otras, sesiones itinerantes en distintos territorios del país, establecer semanas distritales para rendir cuentas en los territorios, y potenciar el uso de redes sociales para que, de esa manera, participen en la deliberación más que las y los 155 constituyentes elegidos. Para ello es necesario tener ciertas consideraciones y asegurar la transparencia y rendición de cuentas.
Las plataformas digitales pueden ser utilizadas tanto para generar procesos constituyentes más abiertos, inclusivos y transparentes, así como para restringirlos. La era digital, en particular el crecimiento y el uso masivo de plataformas en línea que permiten a los usuarios crear y difundir su propio contenido, ha aumentado significativamente los flujos de información global y ha mejorado la libertad de expresión en línea.
Sin embargo, al mismo tiempo, las plataformas online se han utilizado para desinformación, abuso y acoso, y recurren cada vez más al uso de algoritmos para determinar el contenido que vemos. Empresas, partidos políticos, grupos de interés y otras instituciones pueden manipular la información que sirve de base para tomar decisiones políticas. La manipulación de dicha información, ya sea a través de campañas dirigidas o de algoritmos, afecta la posibilidad de una democracia deliberativa.
Las plataformas digitales pueden servir para la rendición de cuentas. El caso tailandés es ejemplificador. La Constitución de Tailandia se generó en un contexto de dictadura militar y fuerte limitación a la libertad de expresión. Durante el proceso se bloquearon sitios web de contenido anti-realeza y se advirtió a los usuarios de Internet que no debatieran la Constitución redactada por los militares antes de un referéndum nacional para aprobar su adopción, amenazando con ello la diversidad de opiniones online. Las plataformas de redes sociales que permiten el anonimato como Facebook y Twitter, las aplicaciones de chat como Line y los sitios de petición en línea como Change.org se volvieron indispensables en el proceso constituyente. Desde el golpe, muchos blogueros, activistas y abogados de derechos humanos formaron coaliciones para monitorear la situación y documentar las violaciones de derechos humanos por parte de la junta militar.
En democracias deliberativas más abiertas, como la islandesa, las plataformas online sirvieron como fuente de participación. A raíz de la crisis financiera islandesa en 2008, las redes sociales y los cacerolazos sirvieron como una plataforma vital para que los ciudadanos exigieran una revisión exhaustiva del proyecto de Constitución del país. Un consejo de 25 miembros compuesto por ciudadanos ayudó a redactar una nueva Constitución y trabajó en dieciséis versiones, en cuatro meses, con base en 16,000 comentarios de usuarios en plataformas como Facebook, Twitter y YouTube. Este poyecto islandés es ampliamente reconocido como la “primera constitución de origen crowdsourcing”, de colaboración abierta, del mundo.
En Islandia se generó un esfuerzo concertado para incluir a la población en general en varios pasos del proceso constituyente. Los 25 miembros del Consejo, lejos de aislarse, publicaron regularmente en línea, para que el pueblo islandés fuera leyendo las versiones del borrador en el que estaban trabajando. Cualquier persona interesada en el proceso podría publicar comentarios y enviar comentarios a través de cartas o usando redes sociales como Facebook y Twitter o mediante correo electrónico. Todos los comentarios fueron recogidos como parte del documento que se encuentra a la espera de ser aprobado por el Parlamento.
Sin embargo, para seguir un modelo de participación digital durante la constituyente, es fundamental asegurar ciertos mínimos que respondan a las diferentes realidades de los territorios.
Lo primero es asegurar la igualdad de participación. Chile tiene tasas altísimas de acceso a internet (87,5%), sin embargo, es necesario fomentar también la alfabetización digital para poder hacer de las herramientas online, unas que sean realmente accesibles. Al ser esta una política de largo aliento, debe complementarse con formas de participación offline que ocurran en el territorio y tengan siempre presente la importancia de rendir cuentas del trabajo y la evolución de la discusión. Otro tema relevante, particularmente para el Maule Sur es la precaria conectividad digital que tienen gran parte de las zonas rurales.
Lo segundo es la transparencia y difusión. Quienes resulten electos deberán generar mecanismos de difusión constante de las discusiones y para ello las redes sociales pueden servir, aunque no serán suficientes, por ello, se vuelve fundamental también las semanas distritales –nada remplaza la interacción personal directa—, la presencia en medios de comunicación local, y eventualmente fomentar la itinerancia de la convención.
Lo tercero es establecer formas de rendición de cuentas que permitan desestimar comentarios de personas que tengan un interés de boicotear el proceso (los llamados trolls o haters) para que no intenten arruinar el esfuerzo colectivo publicando información incorrecta, comentarios inútiles y, en general, boicoteando el proceso. Para ello es fundamental que las reglas de participación estén bien definidas con anterioridad, a fin de no provocar potenciales problemas en la privacidad o libertad de expresión de quienes deseen participar.
