Efectivos policiales –que son funcionarios del Estado— ingresan a un establecimiento del SENAME –que es la institución pública que debe(ría) resguardar a niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos— y les disparan a dos menores de edad.
Esta gravísima situación ocurrió la semana pasada en la ciudad de Talcahuano y vino a engrosar la triste lista de irregularidades, estafas, montajes y violaciones a los derechos humanos perpetradas por Carabineros durante los últimos años.
Van más de 12 meses desde los primeros delitos cometidos por la policía uniformada en el marco de las protestas que se desencadenaron a fines de 2019. Desde entonces, se han presentado dos informes con propuestas para reformar Carabineros, el primero proveniente de una comisión de expertos que funciona al alero del Senado y el segundo de un grupo de especialistas conformada por el propio gobierno. En este tiempo, además, salieron tres ministros del Interior y un General Director de Carabineros.
Ha pasado mucha agua bajo el puente, hemos conocido reiteradas declaraciones de intenciones y compromisos por parte del Gobierno, pero, en definitiva, no se ha hecho ningún cambio sustantivo en Carabineros. Es preocupante la negligencia y falta de convicción con que el Ejecutivo ha actuado para enfrentar este problema. Es también angustiante, porque el objetivo esencial de la policía debe ser resguardar a la ciudadanía. Es más, en el mundo, no existen países desarrollados con democracias sólidas que no cuenten con una buena policía. Por eso, la situación actual de Carabineros es tan compleja para toda nuestra sociedad.
Para resolver un problema como éste, el principal desafío es entender cuáles son sus principales causas y, en el caso de Carabineros, hay a lo menos cuatro temas transversales que deben ser considerados como pilares esenciales para elaborar una reforma exitosa.
Primero, la transformación que requiere la policía uniformada debe comenzar por el Ministerio del Interior. El problema de Carabineros es, en primer término, un problema político por las graves y evidentes falencias en la conducción civil. Es indispensable separar en dos secretarías de Estado las funciones que realiza el Ministerio de Interior: coordinación política, por un lado, y funciones de seguridad, por otro. En la misma línea, es esencial contar con civiles capacitados que puedan ser contraparte técnica válida y funcional para las policías. Estos cambios son la única forma de garantizar la subordinación de Carabineros al poder civil y una conducción efectiva por parte de la autoridad.
Segundo, el foco de la actuación policial debe estar puesto en el resguardo de las personas. Debemos exigirles que ahí estén puestos sus principales esfuerzos. Y al respecto, también debemos ser claros, no hay soluciones mágicas para resolver el problema de Carabineros, pero sin lugar a duda contar con una mejor policía será una ayuda fundamental. Y el Estado debe colaborar activamente en esto, muchos de los miles de Carabineros que salen a la calle día a día no están lo suficientemente capacitados y sólo cuentan con una precaria formación. El perfeccionamiento y el entrenamiento debe ser permanente, a lo largo de toda su carrera profesional, y deben contar con las condiciones y medios necesarios para cumplir con su labor. Esta es la única forma que sirvan de buena forma a la sociedad de la cual son parte.
Tercero, necesitamos una policía transparente en su actuar, que rinda cuenta y se responsabilice de sus acciones. La Constitución regula de manera conjunta en el Capítulo XI a las Fuerzas Armadas y a las policías, asignado la regulación de una serie de materias a sus respectivas leyes orgánicas constitucionales. Respecto a Carabineros, su Ley Orgánica Constitucional Nº18.961 fue aprobada cuatro días antes del termino de la dictadura militar. En ella se le entregan una serie de atribuciones, que complementadas con la norma de secreto del articulo 436 del código de justicia militar (CJM), la transforma en una institución con excesiva autonomía y manifiesta opacidad. Necesitamos una nueva ley para la policía uniformada y una regulación del secreto que se adapte a criterios democráticos de mayor transparencia.
Cuarto, la esencia de una policía que actúe en el contexto de una democracia sana es que resguarde y respete los derechos humanos. La principal particularidad de la policía respecto de otros órganos del Estado es que ejerce la fuerza estatal. Cuando su ejercicio es ilegítimo, pierden las victimas de dicha fuerza, pierde la policía como institución, pierde el Estado como garante de derechos y principalmente pierde la ciudadanía.
Necesitamos comenzar de forma urgente una reforma policial profunda, que se proyecte a largo plazo, más allá de este gobierno, que sea robusta en sus postulados técnicos y considere los cuatro principios descritos previamente. ¡Necesitamos una reforma policial urgente y necesitamos que comience ya!
